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Opinión - 2 mayo 2013 - 10:23h

Opinión: La mosca cojonera de la Escalinata

Creo que llamar a alguien mosca cojonera es más bien un piropo que lo contrario, ya que se trata de alguien que se empecina que en conseguir lo que en justicia cree que le pertenece o se le debe. Comienzo cojonero con mosca de por medio, que viene dado porque el presidente de la comunidad del edificio, Emilio García Romero, ha informado de que ha dado dio curso a la denuncia a Anticorrupción por el caso Escalinata.
En ella, repasa todos los hechos acontecidos en este caso desde que en julio de 2001 el PA y el PP aprobaran en pleno el proyecto del parking Escalinata. En aquella sesión la oposición ya advirtió de las irregularidades al carecer de licencia, no ser un aparcamiento subterráneo y atentar contra el PGOM. El equipo de gobierno lo obvió y dio luz verde. Los vecinos del edificio Atlántida denunciaron el proyecto y en diciembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegal el aparcamiento por los motivos que fueron planteados en el pleno. En el escrito, la comunidad de propietarios también incluye a miembros del actual Gobierno local después de que Urbanismo abriera un expediente para la expropiación del edificio Escalinata. Así, los vecinos consideran que el alcalde, José Ignacio Landaluce; el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández; el titular de Urbanismo, Diego González de la Torre podrían haber incurrido en una supuesta “prevaricación, trato de favor y tráfico de influencias”.
En la denuncia a Anticorrupción también se subraya que se adjudicó el concurso a Nautagest, empresa constituida poco antes con un capital social de 3.000 euros. Los vecinos inciden en que le permitieron hacer la obra sin licencia, depositar menos fianza y no contratar una póliza de responsabilidad civil ilimitada como recogía el pliego de condiciones, motivo por el que el Consistorio podría haber rescatado la concesión. Asimismo, recuerdan que se le permitió modificar el proyecto original del parking y pasar de 205 a 326 plazas de aparcamiento. Esto derivó, según la comunidad, en que se tuviera que profundizar más la excavación para ganar plantas lo que -unido a fallos técnicos en la construcción- provocó que se dañara la estructura del edificio Escalinata y que éste tuviera que ser desalojado. Los vecinos preguntan a la Fiscalía si estos hechos podrían ser constitutivos de “prevaricación, cohecho, trato de favor y tráfico de influencias”. Los vecinos relatan el calvario que sufrieron desde que empezaron a aparecer las grietas en su edificio a principios de 2002. Acusan a los responsables políticos de querer realizar un parcheo sin reconocer la gravedad de los daños, lo que les obligó a encargar infinidad de informes técnicos que les daban la razón.
Del mismo modo, indican que el Consistorio abonó informes y pagó los realojos de los vecinos pese a que el pliego dejaba claro que debía ser la empresa la que asumiera los daños ocasionados a terceros, lo que podría constituir una “malversación de fondos públicos”, según la denuncia. Los vecinos exponen que en 2004 presentaron una querella por los daños ocasionados en el edificio Escalinata y que el juez dictó un auto en octubre de 2012 en el que mantiene la imputación por prevaricación contra los exalcaldes Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, el exedil José Ortega y el técnico Arsenio Pacios.
Asimismo, están imputados por daños continuados José María Aycart, administrador de Nautagest, y los técnicos Pedro Pérez Blanco y Antonio Ayala. Tema, “affaire” de la Escalinata que como otros pocos es bastante añejo y que no huelen a rosas precisamente. Y que además nos tememos que no te tenga un final feliz para los contribuyentes algecireños: los paganos.

Autor: Antonio Rodríguez

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