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Gibraltar - 14 diciembre 2018 - 17:45h

Picardo presenta el proyecto de Ley sobre Terrorismo

Señor Presidente:

“Suplico proponer que se lea por segunda vez la Ley para una Ley de Terrorismo de 2018.

Señor Presidente, desafortunadamente, todos somos muy conscientes de que vivimos en tiempos peligrosos.

Sólo esta semana en Estrasburgo, el terrorismo ha golpeado de nuevo.

Incluso durante nuestra campaña de Elección General, el Honorable Sr. Feetham  entonces líder del GSD y yo, tuvimos que acordar suspender la campaña como resultado de un ataque a París.

Berlin.

Londres.

Barcelona.

Manchester.

Todas estas grandes ciudades han sufrido el flagelo del terrorismo en los últimos cinco años.

Aquí en Gibraltar, hemos visto a nuestra policía armada con ametralladoras.

Hemos visto barreras en nuestras áreas peatonales.

Gracias a Dios, nuestro debate más desagradable a este respecto ha sido si nuestro estilo de barreras es más o menos atractivo.

Este proyecto de ley,  Sr. Presidente, surgió de una solicitud de la Real Policía de Gibraltar para la provisión de ciertos poderes que están disponibles para sus homólogos del Reino Unido. Como tal, este proyecto de ley contiene disposiciones que se encuentran en la Ley de Terrorismo del Reino Unido de 2000, la Ley de Antiterrorismo, Crimen y Seguridad de 2001, la Ley de Terrorismo de 2006 y la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2008.

El proyecto de ley también derogará y reemplazará nuestra propia Ley de Terrorismo de 2005, manteniendo algunas de esas disposiciones.

Señor Presidente, dada la duración del proyecto de ley, me propongo hablar con las distintas partes y no descender a las secciones pertinentes a menos que sea necesario hacerlo.

PARTE 1

PRELIMINAR

Aparte de los elementos procesales, esta Parte define lo que constituye “terrorismo” y también “propiedad terrorista”.

El terrorismo, como se define en la cláusula 4, es el uso o amenaza de acción donde:

(a) la acción cae dentro de la subsección (2);

(b) el uso o amenaza está diseñado para coaccionar, obligar o socavar al gobierno o una organización gubernamental internacional o para intimidar al público o una sección del público; y

(c) el uso o amenaza se hace con el propósito de promover una causa política, religiosa, racial o ideológica.

La subcláusula (2) establece los actos, a saber, si

(a) implica violencia grave contra una persona;

(b) implica un daño grave a la propiedad;

(c) pone en peligro la vida de una persona, distinta de la de la persona que comete la acción;

(d) crea un riesgo grave para la salud o la seguridad del público o de una sección del público; o

(e) está diseñado seriamente para interferir o interrumpir seriamente un sistema electrónico, y la persona que comete la acción tiene la intención o es imprudente en cuanto a si se produce alguno de los asuntos establecidos en los párrafos (a) a (e).

La definición se establece de modo que sea de naturaleza transnacional, es decir, las acciones de propiedad o riesgos no tienen por qué ocurrir en Gibraltar para que el proyecto de ley lo considere terrorismo.

La cláusula 5 define qué es constituir una propiedad terrorista y, tal como se lee en la cláusula 3, se le otorga un significado muy amplio e incluye electrónica y digital.

PARTE 2

ORGANIZACIONES PROSCRIBIDAS

Esta Parte hace que una organización que es una organización prohibida según los términos de la Ley de Terrorismo del Reino Unido 2000, sea una organización prohibida en Gibraltar.

Pocas organizaciones están prohibidas en el Reino Unido y la razón de esto es que antes de designar a una organización como organización prohibida, el Reino Unido realiza un trabajo considerable con sus socios internacionales para que solo se centre en las organizaciones apropiadas.

Gran parte de este trabajo se realiza a un nivel muy alto de autorización de seguridad y está sujeto a estrictos límites de confidencialidad derivados de las necesidades de seguridad.

Por estas razones, y como excepción a nuestra práctica habitual, hemos decidido aceptar, como cuestión de ley de Gibraltar, una designación del Reino Unido de una organización prohibida.

Simplemente, somos incapaces de tomar una determinación adecuada a este respecto que pueda resistir el desafío.

De ello se deduce que una persona agraviada debe recibir un remedio. Dado que Gibraltar no es el custodio de la información que condujo a la designación, una persona que está agraviada está dirigida a presentar una solicitud de deproscripción al Secretario de Estado en el Reino Unido. Si esto no tiene éxito, una persona agraviada podrá apelar ante la Comisión de Apelación de Organizaciones Proscritas. Estos son procedimientos cerrados en los que la parte interesada está representada por un Defensor Especial. Debido a la naturaleza sensible de la información, a las limitaciones de su divulgación y a los pasos necesarios para mantener la seguridad de dicha información, Gibraltar no puede crear un régimen interno.

Esta Parte también crea delitos en relación con la pertenencia o el apoyo a una organización prohibida.

PARTE 3

DELITOS RELACIONADOS CON ACTOS DE TERRORISMO

Esta parte contiene cuatro grupos de delitos terroristas.

Las cláusulas 12 a 15 crean delitos relacionados con el fomento del terrorismo.

Las cláusulas 16 a 24 crean delitos relacionados con la preparación de actos terroristas y entrenamiento terrorista (incluidos los viajes al extranjero, la financiación de viajes y la facilitación de viajes para el entrenamiento terrorista).

Las cláusulas 25 a 29 prevén delitos relacionados con el terrorismo nuclear y radioactivo.

Las cláusulas 30 a 34 son delitos terroristas diversos e incluyen el uso de sustancias nocivas y la toma de rehenes. Estas disposiciones también cubren la recopilación de información de un tipo que pueda ser útil a una persona que comete o prepara un acto de terrorismo y cubre la obtención, publicación o comunicación de información sobre los miembros de la policía y otras agencias de aplicación de la ley.

Esta Parte se ha retenido y agregado a los delitos en virtud de la Parte IV de la Ley de Terrorismo de 2005.

El Anexo 1 establece una lista de “delitos terroristas” a los que se hace referencia en la Parte 3. Estos representan los delitos paralelos en la ley de Gibraltar a los delitos mencionados en el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.

PARTE 4

PROPIEDAD TERRORISTA

Esta parte trata de delitos financieros, así como con el decomiso.

Con respecto al primero, los delitos de financiamiento incluyen la recaudación de fondos y otros tipos de apoyo financiero para el terrorismo. La cláusula 39 es un delito de blanqueo de dinero que se comete con bienes terroristas y será familiar para aquellos que conocen las disposiciones de lavado de dinero en otros lugares. Junto con el delito, hay disposiciones correspondientes para su divulgación a las autoridades cuando una persona tiene una creencia o sospecha que surge en el curso de un oficio, negocio, profesión o empleo.

Las cláusulas 56 a 61 establecen que un tribunal puede ordenar la pérdida de dinero u otros bienes relacionados con los delitos y también para la emisión de órdenes de restricción.

Esta Parte reemplaza y se agrega a la Parte II de la Ley de Terrorismo de 2005.

El Anexo 2 define el sector regulado y las autoridades supervisoras.

El Anexo 3 da detalles de los procedimientos de decomiso.

PARTE 5

PEDIDOS DE FORTALEZA Y CONGELACIÓN

Esta Parte incluye poderes para ceder y congelar bienes terroristas y monitorear las cuentas de terroristas y presuntos terroristas.

La cláusula 62 y los Anexos 4 y 8 del proyecto de ley contienen disposiciones para evitar que los terroristas obtengan acceso a su dinero. Se aseguran de que los poderes de investigación y de congelación estén disponibles donde los fondos podrían usarse para financiar el terrorismo.

El proyecto de ley otorga a las agencias de aplicación de la ley el poder de confiscar el efectivo del terrorismo y el poder de congelar activos al comienzo de una investigación, en lugar de cuando la persona está a punto de ser acusada, lo que reduce el riesgo de que los fondos se utilicen o se transfieran antes de poder estar congelado

La cláusula 63 le permite al Ministro congelar los activos de gobiernos o residentes en el extranjero que hayan tomado o puedan tomar medidas en detrimento de la economía de Gibraltar o acciones que constituyan una amenaza para la vida o propiedad de un gibraltareño o residente de Gibraltar.

El Anexo 5 contiene más disposiciones sobre el contenido de las órdenes de congelación.

El Anexo 8 introduce órdenes de monitoreo de cuentas que permiten a la policía exigir a las instituciones financieras que proporcionen información sobre cuentas hasta por 90 días. El requisito existente para informar sobre el conocimiento o la sospecha de financiamiento del terrorismo se ha fortalecido, para el sector regulado, de modo que es un delito no informar donde hubo “motivos razonables” para la sospecha.

PARTE 6

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Esta Parte y el Anexo 6 ​​de la Ley tratan con las disposiciones de divulgación de información para las autoridades públicas. La cláusula 71 aclara y amplía una serie de disposiciones existentes para la divulgación de información de las autoridades públicas a las agencias involucradas en investigaciones y procedimientos penales. Las puertas de enlace aseguran que las autoridades públicas puedan divulgar información que esté sujeta a una restricción legal a la divulgación a los fines de una investigación criminal o un proceso penal. La cláusula 73 crea una nueva puerta de entrada que otorga al Comisionado del Impuesto sobre la Renta y al Recaudador de Aduanas, una facultad general para divulgar la información que tienen para los fines de aplicación de la ley y los servicios de inteligencia para sus fines.

El Anexo 6 ​​trata sobre las disposiciones de divulgación de información para las autoridades públicas

PARTE 7

INVESTIGACIONES TERRORISTAS

Las cláusulas 79 y 83 confieren facultades de investigación incluidas en el Anexo 7 (según el cual una institución financiera puede estar obligada a proporcionar información de los clientes en ayuda de una investigación) y el Anexo 8 (según el cual se puede obtener una orden de monitoreo de cuenta).

PARTE 8

PODERES CONTRA TERRORISTAS

Esta parte está subdividida en cinco áreas. La primera, (cláusulas 84 a 88) bajo el subtítulo “sospechosos de terrorismo”, otorga a la policía poderes para arrestar sin orden judicial y para detener a presuntos terroristas, también incluye poderes de búsqueda con respecto a locales, personas y vehículos. Bajo la sección 85, un oficial de policía puede arrestar a alguien sin una orden judicial si sospecha razonablemente que esa persona es un terrorista. Cuando una persona es arrestada bajo esa sección, se aplican las disposiciones del Anexo 9.

La segunda, (cláusulas 89 a 94) bajo el subtítulo “Poderes para detenerse y buscar en lugares específicos”, contiene amplios poderes para detener y buscar vehículos y peatones en áreas o lugares específicos, y estos poderes están sujetos a un código de práctica. El Comisario de Policía puede otorgar una autorización según la sección 89 en relación con un área o lugar específico si un oficial de policía sospecha razonablemente que se llevará a cabo un acto de terrorismo; y considera razonablemente que la autorización es necesaria para prevenir tal acto. El área especificada no debe ser más grande, y la duración de la autorización no debe ser mayor que la necesaria para evitar tal acto. Una autorización bajo esta sección puede autorizar a cualquier oficial de policía en uniforme a detener un vehículo o un peatón y cualquier cosa llevada por el peatón. Un oficial de policía puede entonces incautar y retener cualquier cosa que el oficial descubra en el curso de una búsqueda y sospechar razonablemente que pueda constituir evidencia de que el vehículo en cuestión está siendo utilizado para fines de terrorismo o que la persona involucrada está o ha estado involucrada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo.

La tercera se refiere a las restricciones de estacionamiento. La cuarta se relaciona con los controles de puertos y fronteras y contiene una cláusula única, 100, y se complementa con el Anexo 10. Esto otorga facultades de examen en puertos y fronteras para oficiales de policía, oficiales de aduanas y oficiales de fronteras y guardacostas.

La quinta comprende las cláusulas 101 a 107 y, junto con el Anexo 9, establece el régimen para otorgar la libertad bajo fianza después del arresto, además de los períodos de detención y el tratamiento de los sospechosos detenidos.

La detención de un sospechoso debe revisarse periódicamente de acuerdo con el Anexo 9. La primera revisión debe realizarse tan pronto como sea razonablemente posible después de la detención de la persona y todas las revisiones posteriores deben realizarse a intervalos de no más de 12 horas. Un oficial de revisión puede autorizar la detención continua de una persona solo si está convencido de que es necesario en uno de los motivos establecidos en el párrafo 30 del Anexo 9 (esto incluye, entre otros, la necesidad de obtener más evidencia; para preservar la evidencia; para permitir el resultado de un examen o análisis, y para decidir si la persona detenida debe ser acusada de un delito).

Las extensiones de detención deben ser autorizadas por el tribunal mediante la emisión de una orden de detención adicional, pero el tiempo total que una persona puede permanecer detenida es de hasta 17 días. Esto es significativamente más largo que para otros delitos, sin embargo, es el mismo período que se aplica en el Reino Unido.

PARTE 9

REQUISITOS DE NOTIFICACION

Esta parte, que consta de las cláusulas 108 a 133, contiene disposiciones sobre la notificación de información a la policía por parte de ciertos individuos condenados por terrorismo (cláusula 109) o delitos relacionados con el terrorismo (cláusula 110). Cuando se encuentran en la comunidad, dichos individuos deben proporcionar a la policía cierta información personal, deben notificar cualquier cambio posterior a esta información y confirmar su exactitud anualmente. Una persona que haya recibido un requisito de notificación puede presentar una solicitud de revisión; El Comisario de Policía y el tribunal pueden enmendar los requisitos de notificación o dictar una orden que cese los requisitos de notificación.

El horario 12 hace provisión para órdenes de notificación. Se puede solicitar una orden de notificación respecto de un nacional de Gibraltar que haya sido condenado por un delito de terrorismo extranjero y que sea deportado a Gibraltar cuando sea liberado de prisión en el extranjero. También se puede buscar con respecto a un ciudadano extranjero con tal convicción que se encuentre o vaya a Gibraltar.

El Anexo 13 contempla las órdenes de restricción de viajes al extranjero que, en circunstancias específicas, pueden ser emitidas por un tribunal con respecto a una persona sujeta a los requisitos de notificación, restringiendo los viajes al extranjero de esa persona.

El Anexo 14 enumera los delitos en los cuales, durante la sentencia, una conexión terrorista debe ser considerada como un factor agravante.

PARTE 10

Terrorismo en el extranjero

Como lo sugiere el título, esta Parte prevé la conducta que tiene lugar en el extranjero, y en parte da efecto a los Convenios de las Naciones Unidas para la represión de los atentados terroristas con bombas y para la represión de la financiación del terrorismo. Una enmienda que propondré en la etapa del Comité introduce una disposición en línea con la sección 25 de nuestra Ley de Terrorismo de 2005 para garantizar que nuestras leyes de extradición puedan usarse en relación con los delitos en virtud de esta Parte.

PARTE 11

GENERAL

Esta Parte (cláusulas 141 a 151) contiene disposiciones técnicas adicionales relacionadas con los poderes de la policía, el consentimiento a los juicios, las defensas, la responsabilidad corporativa, etc.

La Lista 15 proporciona poderes generales para la policía, las aduanas y las fronteras y los oficiales de la guardia costera, incluidos los poderes para intercambiar información.

PARTE 12

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS

Esta parte establece disposiciones auxiliares para garantizar la funcionalidad del proyecto de ley. Contiene los poderes para que el Ministro emita órdenes y regulaciones y prevé la modificación de cualquier sección o programa de la Ley. También prevé la derogación de la Ley de Terrorismo de 2005 y las disposiciones consiguientes, transitorias y de ahorro debido a dicha derogación. Otra enmienda que propondré en la etapa del Comité, modifica la Ley de ingresos del delito para aclarar las funciones de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar.

Señor Presidente, es lamentable que necesitemos esta legislación, pero esta es la desafortunada realidad del mundo en que vivimos.

Nuestro primer deber como parlamentarios es garantizar la seguridad y protección de nuestros ciudadanos.

Esta legislación otorga a nuestra policía el poder y las herramientas para garantizar esa seguridad y brindar dicha seguridad con respecto a las actividades terroristas.

Señor presidente, con un gran corazón, encomiendo el proyecto de ley a la Cámara”.

Redacción: Pepe Martínez/Gibraltar

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