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Tarifa - 10 febrero 2019 - 17:08h

La oficina del Defensor del Pueblo urge al Ayuntamiento a la rehabilitación de la espadaña de la Iglesia de Santiago

Capilla de la Encarnación.

El pasado mes de noviembre y por una queja planteada por la Asociación  Mellaria, la oficina del Defensor del Pueblo solicitó al Ayuntamiento tarifeño que a “la mayor brevedad posible se iniciara el procedimiento de contratación de las obras de consolidación y apeo necesarias que garanticen la integridad de la espadaña de la iglesia de Santiago”, también le sugirió la realización del “estudio de rehabilitación del resto de la iglesia”, que debe realizarse de forma simultánea a la actuación de consolidación de la espadaña.

Desde Mellaria no se tiene conocimiento “de que ninguna de las dos sugerencias hayan sido atendidas, y no sólo esto, sino que pasado tres meses, el alcalde de Tarifa aún no ha contestado al Defensor del Pueblo, motivo por el que ahora se le exige la remisión urgente de la información solicitada”.

Hay que recordar que en el pasado mes de marzo, el Defensor del Pueblo de España denunció al Ayuntamiento de Tarifa ante la fiscalía por entorpecer su trabajo, sin que al parecer tal medida haya modificado la actitud municipal.

Mellaria extiende su denuncia, ya que el Ayuntamiento tampoco facilita información a otras administraciones, lo que está propiciando la paralización de expedientes abiertos por la Consejería de Cultura.

Este es el caso de la solicitud que la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz hizo al Ayuntamiento tarifeño en octubre de 2017, requiriéndole información sobre la iglesia de Santiago, como paso previo para iniciar un procedimiento sancionador por incumplimiento de la ley de Patrimonio Histórico. Ante el silencio intencionado de la administración tarifeña, la Junta de Andalucía no puede tomar medidas para salvaguardar el monumento de propiedad municipal, que sigue un continuado deterioro.

Desde Mellaria se expresa que “es inaceptable esta desidia municipal, no solo por manifiesto incumplimiento de las obligaciones legales que tiene el alcalde, sino principalmente por el daño que está produciendo al patrimonio cultural tarifeño”.

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