Castillo de Santa Catalina
El PP de Tarifa ha mostrado su satisfacción por el hecho de que por parte del Gobierno Tripartito se haya iniciado, en el pleno de noviembre, el expediente de revisión de oficio del contrato de adjudicación del cerro y castillo de Santa Catalina, “a pesar de habérselo pedido el Partido Popular muchas veces a raíz de la sentencia absolutoria que no permitía aplicar el supuesto penal para declarar la nulidad de los actos. Sin embargo, habiendo tenido conocimiento del informe de la Secretaria General que lo declara nulo de pleno de derecho, el tripartito ha esperado el cambio de portavoz en el pleno para no tener que oír de la boca de Juan Andrés Gil lo que tantas veces dijo en su momento; que la sentencia absolutoria del gobierno de Manella solo probaba que no se había podido demostrar la responsabilidad penal de los acusados, pero que todo el procedimiento se había hecho ilegalmente y en contra de los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Tarifa, para regalar a un amigo del PSOE el magnífico enclave y monumento tarifeño”.
Desde el 27 de Noviembre de 2015 se ha venido pidiendo desde el Grupo Popular el inicio de este expediente “y no se ha querido hacer por falta de valor para defender los intereses de los tarifeños frente a unos empresarios que entraron en el proyecto de la mano de Manella y Mohedano, los cuales ahora tendrían que sentir vergüenza y pedir perdón al leer el informe de la Secretaria General que dice con toda claridad la ilegalidad y falta de rigor con que se cometieron los hechos”.
El informe de la Secretaria dice en relación al contrato que su naturaleza es de concesión de obra pública como así hace el acuerdo del Pleno de 26 de julio de 2005, “lo que nos permite determinar su régimen jurídico y la legislación que le es aplicable. Con anterioridad a esta fecha, ni el pliego del concurso de ideas ni el Pleno en el que se aprueba el pliego del concurso de ideas, en la medida en que se refieren a un concurso de ideas menciona la expresión “concesión de obra pública”, cuando lo que en realidad se adjudica es un contrato de concesión de obra pública. Si bien, el contrato se redacta para formalizar una adjudicación que se realiza sobre la base de un pliego, que en este caso no existe. Solo se aprobó el pliego del concurso de ideas no el pliego de la concesión que luego se firmó”.
En relación a las zonas comerciales, el PP insiste en que “las mismas no quedan definidas previamente por la Administración, porque no hay pliego de cláusulas de la concesión, sino que a través de un concurso de ideas para poner en valor la zona del Castillo, el Ayuntamiento ha tomado la que le ha parecido más conveniente en ausencia de criterios predeterminados que permitan a los licitadores recurrir la decisión que se ha basado en su totalidad en juicios de valor subjetivos no sujetos a fórmulas matemáticas y sin respeto a la garantía del anonimato de los proponentes. Es el propio concesionario el que ha ido perfilando el contenido del contrato mediante la presentación del anteproyecto y del proyecto”.
El PP recuerda que “el Pleno de 24 de junio de 2005 que acuerda adjudicar el anteproyecto que redacta el adjudicatario del concurso de ideas y le impone la obligación de aportar en el plazo máximo de dos meses el proyecto. El anteproyecto no consta en el expediente, no se puede comprobar su contenido. En lugar de aprobar el anteproyecto el Pleno de 24 de junio de 2005 adjudica el anteproyecto, con lo que parece que está adjudicando la ejecución del anteproyecto. La normativa vigente en la fecha no permitía la construcción de parte de las obras que se incluían en la idea proyectada, ni existe pliego de la concesión sino que primero se firma el contrato y luego se perfila el pliego que debía haber cumplido el mismo, todo ello sin exigir a los firmantes que acrediten su solvencia técnica ni económica ni su capacidad para contratar con la administración”.
El ayuntamiento concede al contratista un derecho preferente a ser adjudicatario de otro contrato de explotación de chiringuitos en se instalen en la zona y ademas le concede directamente dos concesiones sin concurso una de restaurante y otra de discoteca de verano.
“Todo este informe deja claro la tremenda estafa que el gobierno del PSOE-IU hicieron a los tarifeños regalando a sus amigos el cerro y Castillo de Santa Catalina y aunque la Justicia de manera increíble no ha querido reconocer responsabilidad penal, está claro que no se ha visto un cúmulo mayor de ilegalidades manifiestas con el único fin de regalar a sus amigos este maravillosos enclave tarifeño”, dice el Partido Popular de Tarifa, que se felicita “por todos los años de lucha contra este nefasto proyecto que por fin puede tener un final coherente con los intereses de los tarifeños”.
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